Por medio de la Contraloría General de la República, el Estado se encarga de supervisar y comprobar el funcionamiento y ejercicio laboral de los servidores públicos. Principalmente en el manejo de presupuestos, administración y mantenimiento de bienes y recursos públicos, construcción de proyectos y programaciones, además de otros deberes y responsabilidades que conlleva la gestión pública, y exigen control gubernamental. En este punto, el principal organismo encargado de velar y garantizar la correcta evolución de la labor gubernamental, es la Contraloría.
De la misma manera, las autoridades de la administración pública deben estar alineadas a las normativas y lineamientos de la Contraloría General de la República, en el control gubernamental y cumplimiento de funciones honestas y eficientes de los fondos y recursos públicos. Implementando de esta manera, diversos mecanismos de control e inspección, mejor conocido como control interno.
Ante la emergencia sanitaria por el Covid – 19, todos los países se han visto en la necesidad de conformar, aplicar y reestructurar nuevas acciones para enfrentar las consecuencias que esta pandemia ha generado. En el caso d nuestro país, la Contraloría General de la República, en su informe de gestión del control gubernamental, titulado como Control en Tiempos de Covid – 19, sostiene que el Perú fue uno de los primeros países de la región en decretar el Estado de Emergencia Sanitaria, y a su vez implementar un plan de acción para enfrentar la propagación del virus, e impulsar la reactivación económica, la cual también se vio fuertemente afectada por el coronavirus.
Aunado a ello, también fue diseñado y puesto en marcha el proyecto de Estrategia Integral de Control a la Emergencia Sanitaria Covid – 19; para supervisar y asegurar que las organizaciones gubernamentales administren correctamente los recursos asignados durante la emergencia, previniendo posibles riesgos de corrupción en el manejo y administración de dichos fondos.
Dicho plan estratégico también se encuentra enfocado en la contribución del fortalecimiento de la capacidad de funcionamiento de los servicio de salud, apoyar para atenuar los efectos de las medidas de aislamiento e inmovilización social, al igual que, favorecer en el establecimiento de acciones de contención y recuperación económica en el Perú.
Para ello, igualmente se activaron planes para auditorías y control en las entidades públicas, supervisando los distintos procesos y etapas de la administración de los recursos estatales. Consiguiendo algunos resultados alarmantes, donde se evidencian diferentes deficiencias e irregularidades en el funcionamiento de las entidades.
Asimismo, las políticas de supervisión como control concurrente, inspecciones, orientaciones y demás acciones de vigilancia, se distinguido por sus métodos de prevención a posibles daños a la administración pública. Aunado a ello, también se prevé identificar los funcionarios o servidores estatales que han participado en actos irregulares e ilegales.
De la misma manera, el informe señala que los planes de control y supervisión han arrojado la fuerte necesidad que existe de fortalecer los mecanismos de control gubernamental. Al igual que, la pandemia ha permitido confirmar la importancia del control concurrente, así como la importancia de adaptar la gestión estatal a situaciones excepcionales y perfeccionar la normativa sobre adquisiciones de bienes, limitar el rol de intermediarios y contar con sanciones administrativas eficaces.
A propósito de esto, el pasado 6 de abril de 2020, fue publicado en el diario oficial El Peruano la Ley N° 31016, Ley que establece medidas para el despliegue del control simultáneo durante la emergencia sanitaria por Covid-19. Estableciendo que la Contraloría General de la República, tiene la potestad para el despliegue de control simultáneo en todas las entidades, en procesos de control concurrente, visita de control y orientación de oficio, para garantizar la asignación y uso de recursos públicos que han sido aprobados para enfrentar los efectos del coronavirus en el Perú.
De manera general, la Contraloría está facultada para vigilar y asegurar el correcto funcionamiento de todas las instituciones públicas que estén bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control, receptoras de recursos públicos para la ejecución de proyectos de inversión, adquisiciones de bienes y servicios, obras, además de toda actividad y proceso donde haya involucrado recursos públicos, sin limitación alguna.
Dichos fondos se han repartido entre el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. (Con información de la Contraloría General de la República -2020-. El control en tiempos de COVID-19. Informe de gestión del control gubernamental ante la Emergencia Sanitaria por COVID-19. Lima, Perú).
